radiografía medioambiental de las empresas

Muchas de las empresas que operan en la región tienen una situación administrativa precaria: canteras sin licencia de actividad, constructoras que no tienen resuelto la gestión de los escombros, ganaderías que no pueden deshacerse de sus purines… Un panorama poco satisfactorio del que no siempre son culpables las propias empresas, ya que tampoco las administraciones han actuado con la diligencia debida.
A medida que se establecen nuevas exigencias medioambientales, la situación se complica para las empresas. Eso ha llevado a la Cámara de Comercio a buscar salidas como el programa Cantabria XXI, al que se han acogido más de medio centenar de pymes que, de esta manera podrán conocer el impacto que producen en el medio ambiente y la forma de atajarlo. El programa, de carácter trienal (2000-2002), pretende implantar sistemas voluntarios de gestión ambiental de acuerdo a la normativa europea ISO 14001.
El programa Cantabria XXI cuenta con el apoyo de la Consejería de Medio Ambiente y de la Empresa de Residuos y ha realizado ya el ecodiagnóstico de 32 pymes –la mayoría del sector agroalimentario– para conocer el impacto que producen en el medio ambiente (vertidos, ruidos, emisiones, suelos, etc.), y su situación legal en este ámbito (permisos), todo ello dirigido a mejorar la relación con su entorno y, en un segundo término, para mejorar su posición en el mercado.
Martín Silván Gutiérrez-Cortines, jefe del Servicio de Industria e Innovación de la Cámara, lo explica así: «Integrar los elementos medioambientales sirve para mejorar el proceso productivo, las posibilidades comerciales y la imagen en general de la empresa de cara a la sociedad y a la clientela».

Gestión de los residuos

El programa ha puesto de manifiesto que el problema medioambiental más frecuente de las pymes cántabras está relacionado con la gestión de los residuos. Y, sorprendentemente, la dificultad no está en los residuos peligrosos que suelen estar bien gestionados, lo que quiere decir que se entregan a un gestor, sino en residuos tan inertes como el serrín, los restos de cables o la chatarra de cobre.
La Ley de 1998 exige que cualquier residuo sea entregado a un valorizador autorizado. Esto significa que sólo pueden estar destinados a su reciclado y reutilización, a su valorización (obtención de energía) o a su eliminación. El proceso tiene que estar controlado por la Administración, tanto para asegurarse el cumplimiento de los ratios de recuperación de materias primas y energía exigidos por la Unión Europea, como para evitar que aparezcan vertederos incontrolados.
Ni siquiera los chatarreros se libran de los cambios normativos. Hasta hace bien poco, recogían restos metálicos de empresas o particulares para revendérselos a las fundiciones, sin más exigencias. Hoy, para poder ejercer la actividad (que ahora tiene la categoría de valorización de residuos) deben estar autorizados por la Consejería de Medio Ambiente y cumplir unas exigencias.
La segunda deficiencia detectada en las pymes cántabras tiene que ver con la carencia de permisos administrativos por licencia de actividad o que demuestren cumplir el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, algo que parece sorprendente en empresas que llevan muchos años funcionando.
Los dos problemas están generalizados en prácticamente todos los sectores analizados (conservero y lácteo, fundiciones, mecanizado de piezas y tratamiento de superficies metálicas, explotaciones mineras y madera).

Previsiones desbordadas

Cantabria XXI se inició en enero del pasado año, con la captación del primer grupo de empresas. La demanda de solicitudes ha desbordado de tal manera las previsiones iniciales que ha obligado a ampliar el número de industrias acogidas en la fase inicial de veinte a treinta y dos. Todas estas pymes tienen realizado ya su diagnóstico ambiental, en el cual colabora el Centro de Investigación del Medio Ambiente (CIMA), que realiza funciones de laboratorio.
El diagnóstico abarca todos los aspectos de su actividad, desde las oficinas a los residuos, las emisiones o las molestias que puedan causar estas empresas, es decir, todos los apartados relevantes para el cumplimiento de la normativa. Se establecen, además, las actuaciones que se podrían realizar para mejorar su relación con el medio ambiente (inversiones, formación del personal o permisos).
Agrisa es la última empresa que ha solicitado su incorporación al programa y el ejemplo más patente de que los tratamientos medioambientales también pueden ser una fuente de riqueza. Se trata del principal recuperador de residuos especiales y peligrosos de España y su tarea principal consiste en recoger los productos usados en el revelado de fotografías y radiografías, una cantidad ingente de litros si se tiene en cuenta el gran número de hospitales, de grandes empresas de fotografía y de aficionados que hay en el país. Agrisa concentra ese líquido, lo procesa, lo inertiza y aprovecha uno de los subproductos que contiene, la plata, que acaba por convertirse en nuevos lingotes. Una forma de descontaminar y, al mismo tiempo, lograr un producto valioso.

Carácter ‘tractor’

De las casi sesenta pymes que se han vinculado al programa de la Cámara de Comercio tan sólo un tercio pasarán a la siguiente fase. La razón de esta selección es exclusivamente presupuestaria y serán elegidas de acuerdo a una serie de criterios objetivos entre los que prima la gravedad de los impactos corregidos, la ubicación en zonas ambientalmente sensibles, el carácter tractor de la empresa o el que sirva de ejemplo para que otras se interesen por la gestión medioambiental.
Es en esta etapa cuando se elabora una política medioambiental, unos procedimientos y unas instrucciones técnicas que permitan aplicar el objetivo de mejora marcado por la normativa ISO 14001, la más conocida internacionalmente.
Si no es necesario, no se introduce ningún tipo de cambio en la gestión de la pyme, aunque eso depende, claro está, de los resultados del diagnóstico. Si lo requiere, habrá que intentar resolver los problemas detectados, algo que en la mayoría de los casos pasa por una serie de trámites burocráticos y una inversión de mayor o menor cuantía. En el caso más habitual, unos vertidos mal gestionados, resultaría imprescindible pedir permisos para abrir una planta depuradora y realizar inversiones de varios millones.
El programa ha dado más importancia a la fase de diagnóstico que a la propia consultoría para la implantación de la ISO 14.001. La razón es que se considera prioritario que las empresas sean conscientes de sus puntos débiles para que comiencen a adoptar una política ambiental.

Veinte empresas con ISO 14.000

Si el programa consigue los objetivos previstos, se repetirá la experiencia, siempre que se obtenga nueva financiación. Para el año 2002 se espera que, al menos, veinte empresas de la región se hayan certificado con la normativa ISO 14001, «un éxito absoluto», según Martín Silván, si se tiene en cuenta que al comienzo del Cantabria XXI sólo una empresa contaba con dicha certificación.
En la actualidad, la mayoría de las empresas cántabras certificadas según la normativa ISO 14001 pertenecen a multinacionales: Bridgestone-Firestone, Derivados del Flúor, Iberia Asland o Mecobusa-Fundimotor, aunque hay compañías de capital local que han accedido a ella, como la constructora SIEC.
En cualquier caso, las expectativas son moderadas. La normativa ISO 14001 exige unos requisitos mínimos que no todas las empresas están dispuestas a cumplir, entre ellos ciertos compromisos, como el respeto a la normativa, una mejora medioambiental continua o que esa política sea conocida por todos los trabajadores. Es conveniente, por otra parte, establecer un sistema de comunicación con el exterior que informe sobre la actividad de la empresa (residuos, emisiones en la atmósfera…) y que obliga a ofrecer información sobre cualquier percance que ocurra, por ejemplo, la existencia de un fallo en su sistema de depuración que provoque, durante cierto tiempo, unas emisiones superiores al límite permitido.
Una paradoja que se da con frecuencia en la adaptación de la ISO 14001 es que puedan acceder a ella empresas que elaboran productos muy peligrosos. En realidad, es fácil de entender, ya que la certificación lo que garantiza es que su sistema de producción resulta limpio y perfectamente controlado, algo que por otra parte resulta de especial interés en estos casos.

Instalar escombreras

La Cámara de Comercio espera que Cantabria XXI anime a las empresas a asumir mejoras voluntarias, en una región donde el medio ambiente es de gran valor. Hasta hace poco, la política medioambiental de la región era errática, según Silván: «Dominaba una estrategia que no apoyaba estos aspectos industriales, sino que se basaba en la declaración de espacios naturales protegidos». Hoy esa situación ha cambiado, lo que se refleja en la adopción de importantes medidas de infraestructura, como el saneamiento de la Bahía de Santander, del Saja-Besaya, de Castro-Urdiales, del Asón o de San Vicente de la Barquera, la ampliación de actuaciones sometidas a evaluación de impacto ambiental o la mejora de la gestión de residuos. En 1998 Cantabria disponía de dos gestoras y hoy hay dieciséis.
Todavía quedan, no obstante, muchas carencias por suplir. Una de las que demanda el Foro Medioambiental de la Cámara es el establecimiento de un vertedero de seguridad de residuos industriales, como tienen Asturias, Castilla-León o el País Vasco, que permiten reducir los impactos ambientales de la industria pesada.
Otro problema sin resolver es el de los vertederos de inertes (escombreras). Martín Silván recuerda que las corporaciones municipales dan fácilmente licencias de construcción pero, en cambio, se niegan a que los residuos que genera esta actividad se gestionen dentro de sus términos municipales. La idea de instalar una serie de escombreras repartidas por la región aprovechando antiguas canteras tropieza una y otra vez con el rechazo de los ayuntamientos.

Agencia estatal

El resultado general no es para sentirse satisfechos. España es el país comunitario que peor cumple la normativa europea en medio ambiente, con nada menos que 51 procedimientos de infracción, dirigidos contra nuestro país.
Dos de ellos están relacionados con Cantabria, por el incumplimiento por la normativa europea en las Marismas de Santoña (lo que dio lugar a varias medidas correctoras, entre ellas la elaboración del PORN), y el saneamiento de depuración de aguas residuales, una auténtica asignatura pendiente hasta ahora.
Dentro de la normativa medioambiental hay otro aspecto conflictivo, la protección del medio natural. Aquí también se dan claras contradicciones. Se supone que España y, especialmente, Cantabria, es una reserva de la biodiversidad de Europa, pero la realidad es bien distinta. La degradación de los ecosistemas sigue avanzando, y la mera declaración de espacio natural no basta si no se dota de medios para su gestión, de personal para la vigilancia y de políticas de apoyo a los habitantes de la zona para que se impliquen en la conservación de esos espacios.
Estas circunstancias son evidentes desde hace más de una década y, en parte, achacables a una dispersión de las competencias administrativas a la que no se ha puesto remedio. La Consejería de Medio Ambiente tiene competencias sobre el suelo industrial, pero no están tan claras en la conservación, vigilancia y promoción del medio natural ya que se confunden con las de Ganadería, Pesca y Alimentación. Pero las competencias de ambas chocan, a su vez, con las de la administración urbanística (Consejería de Obras Públicas) a través del planeamiento del suelo que afecta claramente a la conservación del espacio natural.
Una solución a este tipo de dispersión competencial puede ser, según Silván, el modelo vigente en Estados Unidos, donde un organismo federal que depende directamente de la Presidencia del Estado, la denominada Agencia Estatal de Medio Ambiente (EPA), coordina las diversas competencias y tiene poder suficiente para obligar a las administraciones.
Esta cualificada organización en materia medioambiental no evita, sin embargo, que Estados Unidos utilice unas reglas distintas cuando se trata de actuaciones fuera de su territorio. Es bastante frecuente que una empresa norteamericana no guarde los mismos niveles de emisión en sus fábricas situadas fuera del país que en Estados Unidos. Esta situación resulta una paradoja si se piensa que el medio ambiente no conoce fronteras, funciona globalmente.