El fiscal mantiene los 8 años de inhabilitación a Puerto Gallego y sus ediles por prevaricación
El fiscal ha mantenido su petición de ocho años de inhabilitación para empleo o cargo público a la exalcaldesa de Santoña Puerto Gallego y a los ocho concejales del PSOE miembros de su equipo en el Ayuntamiento por presunta prevaricación administrativa, que esta parte ve «clarísima», tanto por comisión como por omisión, según ha dicho.
Por eso, ha elevado a definitivas sus conclusiones en la segunda y última sesión del juicio contra los acusados, por fraccionamiento de contratos durante su mandato, entre los años 2003 y 2009, en los que la Junta de Gobierno Local aprobó por unanimidad el pago de facturas -fundamentalmente a cuatro empresas- a pesar de los reparos de la Intervención.
En la vista, ante el Juzgado de lo Penal número uno de Santander y que se ha celebrado en el salón de actos del complejo judicial Las Salesas, todas las partes han ratificado sus respectivos escritos, incluidas las acusaciones particulares ejercidas por el PP y el exconcejal de Falange Leoncio Calle Pila, que denunció los hechos y reclama nueve años de inhabilitación para todos los procesados, en tanto que las defensas han insistido en la libre absolución de sus patrocinados.
El representante del ministerio público, que considera que concurre la atenuante de dilaciones indebidas en este causa –enjuiciada casi veinte años después de las primeras irregularidades denunciadas y tras más de una década desde que arrancó la instrucción, demora que la propia jueza considera «palmaria»– cree que tras la prueba practicada ha quedado «sobradamente acreditada» la prevaricación en los documentos aportados, más de seis mil.
En este punto, ha incidido en que por un lado el órgano de gobierno municipal aprobaba facturas de gasto sin contar con consignación presupuestaria y, por otro, se causaba un perjuicio a la «contratación», que no se efectuaba «correctamente».
Así, a sus ojos, es «palmario» que los integrantes del gobierno municipal de la villa santoñesa procesados infringieron la normativa de contratación pública, y resulta «sangrante» además cómo lo hicieron de forma prolongada en el tiempo.
«Se ha repetido hasta la saciedad», ha afeado el fiscal, para quien no hubo «ganas» ni «interés» por parte de los miembros del gobierno local de ajustar su proceder a «ningún» procedimiento establecido. En su opinión, «eludieron» los mecanismos de contratación existente y «lo hicieron como les dio la gana», «despreciando la legalidad» y bajo la máxima de «vale todo».
En su alegato final también ha censurado las testificales del secretario e interventor municipal en la vista oral, pues a su entender «han faltado a la verdad de la mitad de las cosas que han dicho». Y en los interrogatorios a los procesados -que se acogieron a su derecho a declarar solo a sus abogados- «no se ha mostrado toda la realidad».
Al hilo, el representante de la Fiscalía ha rechazado el argumento de que las situaciones enjuiciadas fueran «heredadas» y fruto de una «mala gestión anterior», pues «no se puede fraguar una ilegalidad durante toda la vida». En este punto ve un «desprecio» a la normativa vigente en el momento de los hechos.
