Ayuso pide a la AIReF que fiscalice la productividad de determinadas subvenciones públicas de su Gobierno

El alcance del estudio abarca cerca de 260 líneas de ayudas seleccionadas, que ascienden a casi 300 millones

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha avanzado que pedirá a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) que «de manera independiente fiscalice los objetos y, sobre todo, la productividad» de determinadas subvenciones del Ejecutivo regional.

Con este anuncio que ha hecho la dirigente madrileña, en una entrevista en esRadio , recogida por Europa Press, el Gobierno regional quiere «analizar el impacto económico de las políticas públicas y, además, avanzar en su compromiso para la eficiencia en el gasto».

Así, el Consejo de Gobierno ha aprobado, en la reunión que han mantenido posteriormente, encargar a la AIReF el plan de acción, presupuesto y un calendario para llevar a cabo el estudio, al ser el organismo especializado en este tipo de análisis del gasto público que ya ha realizado en otras administraciones autonómicas como Andalucía, Aragón o Castilla y León.

En principio, el alcance del estudio solicitado abarca cerca de 260 líneas de ayudas seleccionadas y que ascienden a casi 300 millones de euros seleccionadas «en función de su impacto social y económico». Todas ellas están dirigidas a entidades de la Administración local, instituciones sin fines de lucro y personas físicas, ha detallado el consejero de Educación, Ciencia y Universidades y portavoz del Ejecutivo, Enrique Ossorio, en rueda de prensa en la Real Casa de Correos.

Quedan excluidas aquellas relacionadas con la prestación de servicios públicos como empleo, educación, transporte o el Plan de Inversión Regional, ya que por su volumen y especificidad requieren de un análisis aparte e individualizado.

De esta manera, el Gobierno regional quiere «rediseñar las subvenciones que concede, si así se considerase necesario o para adaptarlas a los objetivos perseguidos».

Esta actuación está recogida en la Ley de medidas urgentes para impulsar la actividad económica y la modernización de la Administración regional que contempla la revisión del gasto público en materia de subvenciones y ayudas. Además, en el acuerdo de Presupuestos Generales de 2022 alcanzado con Vox, figura la realización de un programa de auditorías de subvenciones con el fin de comprobar «el impacto de las mismas en la actividad subvencionada».