Escándalos a pares
Hace un año estábamos extraordinariamente ocupados y preocupados por lo que ocurría en el interior de la Consejería de Obras Públicas, al descubrirse que el jefe del servicio de Mantenimiento de Carreteras tenía su propio peaje: quienes quisieran hacer obras tenían que pasar por caja, la suya. Con una impunidad asombrosa encargaba las obras de urgencia, fijaba las condiciones técnicas y económicas y certificaba lo construido, lo que le convertía en el funcionario más eficiente. Un año después, parece que aquel asunto ya importa poco, quizá porque consiguió el objetivo de quienes más se escandalizaban, el derribo del PRC en las elecciones que se celebraban poco después.
A día de hoy, parece que nadie tiene interés en seguir agitando las aguas, por no saber a dónde llegarían las salpicaduras. El funcionario, que ya está en la calle, sigue empeñado en volver a su puesto (y acabará por conseguirlo) y los partidos políticos prefieren mirar hacia otro lado. Mientras tanto, él hace maniobras para tratar de conseguir que desaparezca la acusación particular de la Asociación de Constructores, convencido de que si únicamente se mantiene la acusación pública la sentencia será mucho más favorable para sus intereses, y probablemente tenga razón porque conoce muy bien el funcionamiento de la Administración.
Ese mirar a otro lado hace que la aparición de un segundo foco paralelo de corrupción en Gesvican, la empresa pública de vivienda, resulte tan incómodo para todos. No es que con estos escándalos y el de los Koldos de turno –que también tienen ramificaciones en Cantabria– estemos viviendo la época más corrupta de la historia reciente, porque aún podemos recordar los años en que en nuestra comunidad se adjudicó el equivalente a todo un presupuesto anual de la época (más de 550 millones de euros) sin ningún tipo de control legal, documento o respecto de la concurrencia, pero sí resulta desanimante que incluso después de reformar la Ley de Contratos Públicos, para aumentar los controles –a veces, hasta niveles disparatados– sigan existiendo estos agujeros negros y que, en ambos casos, solo hayan sido detectados tras una denuncia anónima. ¿Para qué sirven entonces esos controles internos? ¿Nadie sospecha cuando las adjudicaciones se concentran en tan pocas empresas? ¿Nadie escucha las quejas de los competidores que no consiguen ningún contrato? ¿es posible que dos ingenieros interinos lleguen a Gesvican y establezcan, con el mayor desparpajo del mundo, un sistema de pagos ilegales a cambio de manipular las valoraciones de los concurrentes si no se sienten realmente seguros o herederos de otros que hacían algo parecido?
Es cierto que la condición humana es la que es, y, sabiéndolo, muchas grandes compañías comerciales sustituyen a todo su equipo de ventas cada cierto tiempo, lo que evita que lleguen a coger demasiadas confianzas con los proveedores. Eso indica que no es un problema exclusivo del sector público, pero las administraciones cuentan con tantos mecanismos de control, tan exhaustivos y tan caros en personal que hacen incomprensibles estos casos.
Durante la investidura de Buruaga, la portavoz de Vox, Leticia Díaz, hizo un durísimo alegato contra Revilla, achacándole la corrupción descubierta en la Consejería y el expresidente cántabro le devolvió el misil, recordándole que los políticos no están en las mesas de contratación y, en cambio, sí están los letrados del Gobierno (Leticia Díaz lo es) para garantizar la escrupulosidad del procedimiento.
Es evidente, que tanto este control de los letrados como el hecho de que las mesas estén formadas desde hace tiempo solo por funcionarios de carrera, debería haber garantizado la mayor limpieza, pero a la vista está que no ha sido así, y es hora de plantearse por qué. Por qué se aceptan ofertas muy a la baja cuyos precios luego se revisan sistemáticamente, como ocurre en el Ayuntamiento de Santander. Por qué se convocan falsos concursos de méritos, que son un fraude a todos los demás concurrentes, dado que lo que realmente se tiene en cuenta es la entrevista personal que va a superar con sobresaliente el candidato de la casa. Si es tan fácil saltarse los controles, ¿para qué los queremos?
Si después de diez años de supuesta regeneración de la política y de depuración del gasto público basta con rascar un poco para encontrarse este tipo de chapuzas, es que no tenemos arreglo. Pero aún reconociéndolo, hay que seguir depurando las responsabilidades, la de los políticos y la de los funcionarios, tanto la de aquellos que la hacen como la de quienes lo consienten por acción u omisión. Al menos, que el miedo guarde por un tiempo la viña.
Alberto Ibáñez
