Las mujeres desempleadas de larga duración superan en un 26% a los hombres en la misma situación, según Fundación Adecco
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En concreto, de las 1.282.800 personas que llevan más de un año buscando empleo en nuestro país, 715.200 son mujeres y 567.600, hombres. Además, la tasa de paro femenina se encuentra más de 3 puntos porcentuales por encima de la masculina (14,6% frente a 11,3%), una variación que demuestra que siguen teniendo más dificultades para encontrar un puesto de trabajo
Con ocasión del Día Internacional de la Mujer, que se celebra el próximo miércoles 8 de marzo, la Fundación Adecco presenta el 10º informe #EmpleoParaTodas: la mujer en riesgo de exclusión en el mercado laboral, un análisis que se basa en la interpretación de los resultados de la Encuesta de Población Activa del IV Trimestre de 2022, junto a la consulta de otras fuentes de referencia, así como estudios de creación propia. Este trabajo se ha realizado con la colaboración de 9 empresas e instituciones: Alier, Allianz, Bahía de Bizkaia Gas, Basell Poliolefinas Ibérica, Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana, Dana Automoción, Fundación IVI, Signaturit y Unicaja Banco.
La mujer en riesgo de exclusión y su relación con el empleo
Desde que la Fundación Adecco publicara su primer informe #EmpleoParaTodas: la mujer en riesgo de exclusión, su papel en el mercado laboral ha avanzado en algunos retos, lentamente se van abriendo camino en sectores típicamente masculinizados y van adquiriendo puestos de mayor responsabilidad; y en la última década, el número total de ocupadas ha crecido a mejor ritmo que el de los hombres (un 21% frente a un 18%). De hecho, el último año ha dejado buenos datos de contratación para las mujeres que más difícil lo tienen, como aquellas con discapacidad o las mayores de 55 años. Mientras las sénior son el grupo de edad para el que más baja el desempleo en las últimas cifras de la EPA, las mujeres con discapacidad ya tienen una mayor tasa de actividad que los hombres con discapacidad. Del mismo modo, cada vez hay más espacio en el debate social —y, por tanto, en la agenda política— sobre la situación de las mujeres víctimas de violencia de género o de quienes tienen responsabilidades familiares no compartidas.
A pesar de todos estos avances, algunos indicadores aún reflejan que la desigualdad laboral sigue siendo una realidad para muchas de ellas. Es el caso de la tasa de actividad: la participación de la mujer en el mercado de trabajo es inferior a la de los hombres; en el último trimestre de 2022 la diferencia se situaba en casi 10 puntos porcentuales: un 63,5% para ellos y un 53,7% para ellas. Además, del total de personas dedicadas en España a labores del hogar, la amplia mayoría (87%) son mujeres, engrosando así las cifras de inactivas.
De los 20.463.900 millones de personas con empleo, el 53,7% son del sexo masculino, por lo que las mujeres representan el 46,3%. Asimismo, el 92% de las personas ocupadas a tiempo parcial por el cuidado de familiares dependientes son mujeres.
La tasa de paro femenina se encuentra más de 3 puntos porcentuales por encima de la masculina (14,6% frente a 11,3%), una variación que demuestra que siguen teniendo más dificultades para encontrar un puesto de trabajo. Además, el paro de larga duración también afecta más a ellas que a ellos. En concreto, de las 1.282.800 personas que llevan más de un año buscando empleo en España, 715.200 son mujeres y 567.600, hombres; es decir, hay un 26% más de mujeres en situación de desempleo de larga duración que varones.
Por último, según el primer informe en materia de Igualdad de mujeres y hombres de Adecco Learning & Consulting, «a nivel general y con independencia del puesto, existe brecha salarial entre hombres y mujeres y esta se sitúa en torno al 11,8%». En el mismo estudio se señala que la causa de dicha diferencia es múltiple: «por ejemplo, la menor ocupación por parte de las mujeres en puestos directivos, un mayor porcentaje de mujeres que trabajan en sectores peor remunerados, su alta representación en puestos a tiempo parcial o la maternidad».
Estos índices hacen referencia a la población femenina en general, pero hay algunas mujeres especialmente expuestas a la vulnerabilidad que, en muchos casos se ven conducidas directamente a la inactividad —la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social (indicador AROPE) en la población femenina alcanza el 28,3%, mientras que la de los hombres es del 27%—. Es el caso de las mujeres mayores de 55 años, con discapacidad, víctimas de violencia de género o al frente de familias monomarentales. «Para las mujeres en riesgo de exclusión social salir de una situación de desempleo puede convertirse en un reto a largo plazo. Es habitual que su búsqueda de un puesto de trabajo se alargue en el tiempo, disminuyendo así su autoestima y sus condiciones económicas para salir adelante, al tiempo que aumentan los prejuicios de las empresas a la hora de contratarlas», asegura Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco.
Luces y sombras en la empleabilidad de la mujer sénior
La EPA del último trimestre del año mostró cifras positivas de ocupación y empleo para la mayoría de los segmentos de la población: el de las mujeres mayores de 55 años, que había cerrado el año anterior con datos muy preocupantes, recoge las mejores cifras entre las féminas; para ellas, el paro baja en un 10%. Si en el último trimestre de 2021 había en España 308.800 mujeres de esta edad en el paro, en el mismo periodo de 2022 la cifra baja hasta 278.900.
La bajada del número de desempleadas sénior viene a compensar los malos datos del año anterior, ya que para este grupo de edad fue para el único que aumentó el paro en 2021, pero no llega a estabilizarse en comparación con los datos previos a la pandemia. Comparando con 2019, el paro solo ha subido entre las mujeres mayores de 45 años: un 3% para aquellas entre 45 y 54 años, y hasta un 9% para las mayores de 55.
Para Francisco Mesonero: «El panorama de la mujer sénior en nuestro mercado arroja nuevas luces, con una tasa de actividad al alza que demuestra el dinamismo de un segmento de la población que se asociaba a obsolescencia e inactividad. Las sombras siguen siendo notables, y plantean desafíos para un mercado cada vez más envejecido, que debería implementar las medidas necesarias para erradicar la discriminación por edad».
Un 62,7% de las desempleadas mayores de 55 años es parada de larga duración, frente al 44% del resto de las mujeres. Una diferencia porcentual de casi 20 puntos. La edad se sitúa, por tanto, como un factor determinante en la cronificación del desempleo. «Aquellas que pierden su trabajo en un momento tan crítico como es el cercano a la jubilación, viendo afectadas sus cotizaciones, pueden ver comprometidas sus condiciones de vida presentes, además de tener que afrontar con gran inseguridad económica sus planes de futuro», asegura Begoña Bravo, responsable de Integración de la Fundación Adecco.
Otro de los parámetros que sigue mostrando cierta desigualdad entre hombres y mujeres sénior es la tasa de actividad. Aunque la de las féminas sigue una tendencia ascendente en los últimos años, si la comparamos por sexo y grupos edad, observamos que la de las mujeres mayores de 55 años se sitúa en el 42%, frente al 51,3% de los hombres de su misma franja de edad. Nueve de cada diez mayores de 55 años que no buscan trabajo por motivos familiares o del hogar son mujeres.
La mujer con discapacidad, la más expuesta al riesgo de exclusión
Según el último informe AROPE ‘El estado de la pobreza en España’, «las personas con discapacidad soportan un riesgo de pobreza y/o exclusión mucho más elevado que las que no tienen discapacidad y esto no es una cuestión coyuntural, sino que se cumple para todos los años». En concreto, en 2021, el 33% de las personas con discapacidad estaban en riesgo de pobreza y/o exclusión.
Respecto a las diferencias por sexo, en 2021 las mujeres con discapacidad presentaban una mayor tasa de pobreza y/o exclusión social que los hombres, con cifras del 33,9% y del 31,8% respectivamente. Históricamente esto no era así: eran ellos quienes mostraban tasas AROPE más elevadas, pero dicha tendencia se ha invertido en los últimos tiempos.
El Empleo de las Personas con Discapacidad (EPD) del INE, publicado en 2022 (con datos de 2021) señala que del total de personas activas con discapacidad, el 56% eran hombres y el 44% mujeres. Los porcentajes de personas ocupadas por sexo también son similares: 56,3% son hombres y 43,7%, mujeres. Así, algunos datos fueron más positivos para ellas: su tasa de empleo aumentó en 0,2 puntos respecto al año anterior y la de los hombres se mantuvo, dejando la diferencia en medio punto porcentual más para las mujeres (27,1% frente a 26,6%); pero la tasa de paro registró peores datos para ellas (+0,6%, hasta el 23%), que para los varones (-0,1% para un total del 22%).
Por último, según el Informe del Mercado de trabajo de las personas con discapacidad, los parados de larga duración eran el 64% del total de desempleados. Un factor común para todas las personas con discapacidad, pero que, nuevamente, está más presente entre las mujeres: se contabilizan 51.841 desempleadas con discapacidad, frente a 40.907 hombres, es decir, el 55,8% de los desempleados de larga duración con discapacidad son mujeres. De hecho, el estudio recalca que las personas paradas de larga duración con discapacidad son mayoría mujeres y en gran medida, mayores de 45 años: «si ya la edad es una desventaja para acceder al mercado laboral, la brecha de género sigue siendo una característica relevante cuando incorporamos la discapacidad».
Otras mujeres en riesgo de exclusión
Los hogares monoparentales ya representan el 10,4% de las familias en España. Son el tipo de hogares, junto a los de una sola persona, que más crecen. Y más del 80% de estos hogares monoparentales están liderados por mujeres. Según los datos del informe AROPE (EAPN) sobre el estado de la pobreza en España, este tipo de familias son también las que afrontan un mayor riesgo de pobreza y/o exclusión. En 2021 alcanzaron un 54,6%.
En el informe Monomarentalidad y empleo publicado por la Fundación Adecco en 2022, casi la totalidad (el 92%) de las mujeres entrevistadas para el desarrollo del mismo (ningún hombre respondió a la encuesta) declaró tener dificultades para llegar a fin de mes. «Para evitar o, al menos, frenar, que recurran a la economía sumergida habría que establecer la compatibilidad de prestaciones básicas con el empleo a media jornada. En estos momentos, si el salario es menor a la prestación existe la posibilidad de cobrar la diferencia, pero esta medida se torna insuficiente», recuerda Begoña Bravo.
Para nueve de cada diez mujeres desempleadas con responsabilidades familiares no compartidas resulta imposible encontrar una jornada compatible con la conciliación familiar. Buscan puestos de media jornada, pero no encuentran nada que se adapte a sus necesidades. «Implementar medidas de conciliación en las empresas se torna fundamental para que estas familias puedan salir adelante. Al tiempo que habría que facilitar el acceso de estas mujeres a formaciones que potencien competencias y habilidades que les permiten acceder a nichos de mercado emergentes,», aconseja Mesonero.
Atendiendo a la cifra de desempleo de larga duración, según la encuesta realizada para el informe, casi la mitad de las desempleadas al frente de una familia monomarental (el 46%) llevan más de un año en el paro. Una situación que, en palabras de Bravo, «no solo sitúa en riesgo de exclusión a la madre, sino también a sus hijos. En estas familias la brecha educativa y social es más acusada que en otras que cuentan con más recursos y ayudas».
En circunstancias similares viven las mujeres víctimas de violencia de género: más de la mitad de las que se encuentran en situación de desempleo llevan más de seis meses buscando empleo, y dos de cada diez ya han superado los dos años en esta situación (datos del 10º Informe Violencia de género y empleo de la Fundación Adecco). Por tanto, se confirma que la cronificación del desempleo es un hándicap común entre todas las mujeres en riesgo de exclusión.
Aunque el empleo sigue situándose como uno de los aliados más potentes para que puedan construir su vida lejos del agresor, en muchas ocasiones se enfrentan a prejuicios que, erróneamente, las asocian determinados rasgos de personalidad. Esta situación lleva a la mayoría a no comunicar dicha condición por miedo a que les reste oportunidades en entrevistas de trabajo o procesos de selección. Señalan que, de hacerlo, se les achaca ser personas inseguras que ven afectado su rendimiento o que su situación derivará en un mayor absentismo. «Las mujeres víctimas de violencia de género —recuerda Begoña Bravo— son conscientes de las oportunidades que les puede brindar tener un empleo, por lo que solemos detectar en ellas grandes dosis de compromiso y responsabilidad. Al haber vivido situaciones tan críticas es habitual que desarrollen grandes fortalezas que tienen un traslado evidente en sus carreras profesionales».
Propuestas para la inclusión laboral de las mujeres desempleadas de larga duración
Las empresas y la Administración pública juegan un papel clave en la inclusión laboral de las mujeres mayores de 55 años, de aquellas que tienen discapacidad, de quienes están al frente de una familia monomarental o de las víctimas de violencia de género. Desde la Fundación Adecco identificamos algunas propuestas que se tornan fundamentales para que encuentren una oportunidad, sobre todo en el caso de aquellas que están en situación de desempleo de larga duración.
Las empresas son las primeras que pueden ayudar a mitigar el desempleo de larga duración de las mujeres en riesgo de exclusión a través de acciones que impliquen a todos sus equipos de trabajo, como llevar a cabo procesos de selección que no caigan en el descarte automático de las desempleadas por su condición o desarrollar políticas de Diversidad, equidad e inclusión que se centren en las paradas de larga duración. También es necesario implementar proyectos que aboguen por la formación continua y por el reciclaje profesional para que estas mujeres puedan mantener su competitividad, así como apostar por otras fórmulas de contratación como el trabajo a tiempo parcial, que se adecúen a las demandas de estas mujeres.
Por su parte, la Administración pública debe llevar a cabo medidas para que las mujeres en paro no se conviertan en desempleadas de larga duración y conecten con el mercado en el menor tiempo posible. Por medio de políticas activas de empleo, con vocación hacia la colaboración público-privada, que permitan ofrecer a las mujeres desempleadas una atención individualizada, garantizando medidas de intervención inmediatas al desempleo en aquellos casos en los que se detecte una mayor predisposición a la cronificación del paro. Así como fomentar programas de empleo que las permitan reengancharse al mercado laboral y contratos que fomenten el primer empleo tras el paro de larga duración. También sería recomendable asociar los subsidios a estos programas de empleo y fomentar la inserción de las mujeres en sectores masculinizados.
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