Guerra de filtraciones

La guerra de las filtraciones ha comenzado en Cantabria. No es que la región fuese ajena del todo, pero nunca las filtraciones habían hecho tanto daño al Gobierno. Primero, la carta de la funcionaria que denunciaba ante la consejera irregularidades en los contratos del Servicio Cántabro de Salud y, más tarde, un documento de trabajo de Intervención, que auditaba los hechos. El informe previo ha sido publicado en prensa con honores de documento final y todos los intentos del Gobierno por aclarar que no es el definitivo no han servido de nada hasta el momento y tampoco servirán para el futuro.
El documento está lleno de adjetivos, que Intervención pretendía quitar, puesto que en este tipo de trabajos nunca se incluyen valoraciones. Sin embargo, cualquier pulido será entendido ahora como una censura del documento inicial, que no tenía que haber salido nunca a conocimiento público.
Tampoco servirán de mucho las alegaciones que debía presentar la consejera a la auditoría, y que se tenían que incorporar al documento de trabajo, al que los partidos de la oposición ya han dado carácter de oficial. Las únicas explicaciones que van a aceptar serán, en sede parlamentaria, de la consejera o del presidente regional, Miguel Ángel Revilla, sobre quien tiran por elevación, porque, no nos engañemos, creen haber encontrado por fin un flanco débil para poder minar la credibilidad del líder regionalista, que hasta ahora ha permanecido intacta.

El conflicto de los contratos de Sanidad está trufado de intereses contradictorios

Tras la publicación de la carta de la funcionaria, el debate político estaba centrado en los gestores del Servicio Cántabro de Salud y en su dimisión, dado que el monto de las irregularidades no es relevante. Cuando consiguieron que dimitieran, PP, Ciudadanos y Podemos no solo no se dieron por satisfechos sino que pidieron una nueva víctima, la consejera.
Pero Revilla, que conoce perfectamente estos mecanismos de la política sabe que si cesa a la consejera, el nuevo cortafuegos, tampoco se sofocaría el incendio, ya que inmediatamente las andanadas se dirigirían hacia él y el coste político se multiplicaría.
El conflicto está lleno de matices, sin los que no podría explicarse. El primero de ellos es que el tipo de prácticas que se denuncian (fraccionamiento de contratos, recepciones antes de tener físicamente el suministro para poder incluir el gasto en el presupuesto del año, etc.) se vienen haciendo desde siempre. Por eso, el PSOE y el PRC han conseguido que la comisión de investigación que se va a crear en el Parlamento se extienda también al último cuatrienio que gobernó el PP, con lo que pretende que los populares salgan escaldados de su aventura.
Los afectados, en cambio, no se han atrevido a utilizar públicamente otro argumento que sí maneja su círculo próximo, que relaciona el escándalo con lo que considera un error político. Cuando llegó al cargo Juanjo Sota, el consejero de Economía, dejó al frente de la Intervención a los altos cargos que había puesto el PP y que han permanecido hasta pocos meses, cuando, a la vista de lo que se avecinaba, decidió su cese. Eso provoca, en opinión de algunos socialistas, la dureza del documento y el hecho de que el PP haya tenido perfecta información en todo momento de su evolución. No obstante, evitan señalar con el dedo a quién puede haber hecho la filtración a la prensa del documento de trabajo.
El último ingrediente conflictivo es la propia crisis interna del PSOE. Aunque la maniobra beneficie especialmente al PP, es evidente que la catarata de problemas internos de las consejerías de Economía y de Sanidad, que apostaron por Zuloaga en la pasada pugna interna del socialismo cántabro, son vistas con cierta complacencia por algunos de quienes apoyaron a Díaz Tezanos, que ha quedado aislada en la vicepresidencia del Gobierno, pero que se ha librado hasta el momento de cualquier escándalo.
Con tantos ingredientes, lo de menos son los contratos que, por otra parte, no dejan de ser de muy menor cuantía.